El pasado 30 de Noviembre de 2006, asistimos a un hecho histórico, el Pleno del
Congreso aprobó por una amplia mayoría la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de
Dependencia).
En la década de los ochenta nuestro país dio un
salto social espectacular al sustituir la beneficencia, la caridad por derechos
sociales en Educación, en Sanidad y en Pensiones.
Hoy, de nuevo el Gobierno da respuesta a una reivindicación histórica, a una
aspiración legítima de cientos de miles de personas que se encuentran en
situación de dependencia y de sus familias, ampliando los derechos sociales y
afianzando el Estado de Bienestar.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia configura un
nuevo derecho de ciudadanía. Un derecho para las personas que necesitan ayuda
para realizar las actividades básicas de la vida diaria:
“El Derecho de las personas en situación de Dependencia a recibir unos
servicios, unas prestaciones, que les permitan afrontar con dignidad su
situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal para
desarrollar plenamente su condición de ciudadanía en el seno de la sociedad.”
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