La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha presentado hoy el Fondo de Suministros Básicos, dotado con dos millones de euros, con el que el Gobierno pretende financiar los "gastos básicos de la familias y personas más necesitadas de Cantabria". Incluido dentro del Plan de Emergencia Social, que el Ejecutivo aprobó el pasado 28 de enero, este Fondo se gestionará a través de los servicios sociales de los ayuntamientos.

 

Según ha explicado Díaz Tezanos, el Gobierno firmará con los ayuntamientos que quieran formar parte de este programa un convenio, previsiblemente dentro de un mes, que les obligará a complementar la ayuda que el Ejecutivo destinará a ese municipio con un 20% de financiación adicional. A día de hoy, 74 ayuntamientos han confirmado su intención de formar parte de esta medida.

 

Mientras se hace efectiva la entrada en funcionamiento de este Fondo, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno de Cantabria está garantizando la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos a través del ticket social y de las ayudas de emergencia social, ambos dotados con un millón de euros cada uno.

 

Es la primera vez que se crea un fondo de estas características en Cantabria y con el objetivo de cubrir las distintas necesidades básicas que tiene una familia o persona incluye ayudas para productos básicos (alimentación, ropa, calzado, pañales y productos básicos de higiene doméstica y personal), ayudas para la vivienda cuando haya garantía de continuidad en el domicilio (pago de alquiler o fianza, equipamiento del hogar, pago de deudas de suministros básicos, alojamiento en pensiones, hostales y pisos compartidos), ayudas para actividades y materiales educativos (material escolar, comedor, transporte, actividades extraescolares), ayudas para el transporte (para acudir a acciones de formación ocupacional, para tramitar documentación con fines de inserción sociolaboral, y para mujeres víctimas de violencia de género para asistir a trámites judiciales) y ayudas para el pago de medicamentos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud siempre que haya prescripción médica.

 

Además, con cargo a este fondo se podrán financiar los gastos de endeudamiento previo originados en los tres meses anteriores a la solicitud y, en todos los casos, la cuantía máxima de la ayuda será de 1.500 euros al año por unidad de convivencia.

 

Díaz Tezanos ha precisado que no hay plazo de presentación de solicitudes, ya que se puede formalizar en cualquier momento del año, y ha explicado que para ser beneficiario es necesario ser mayor de 18 años o menor con cargas familiares o mayor de 16 años emancipado por decisión judicial. También, se exige el empadronamiento y residencia efectiva en el municipio, salvo en el caso de mujeres víctimas de violencia de género o personas demandantes de asilo.

 

Además, se deberá acreditar la escasez de ingresos fijada en una renta máxima de 666 euros (125%IPREM) en caso de que la unidad de convivencia esté integrada por un miembro, en una renta máxima de 865 euros en caso de que la unidad de convivencia cuente con dos miembros, 1.038 euros si son tres las personas que la integran, 1.194 euros si son cuatro, 1.314 euros en caso de que la unidad de convivencia esté formada por cinco personas, 1.445 euros si la unidad de convivencia está compuesta por seis miembros  y 1.589 euros en caso de que la integren siete o más miembros.

 

 

La vicepresidenta ha destacado que la gestión de este fondo, a través de los ayuntamientos, evidencia la apuesta del Gobierno por los servicios sociales municipales, a los que han devuelto "el protagonismo como puerta de entrada al sistema público de servicios sociales".

 

Además, Díaz Tezanos ha defendido que son estos agentes quienes, por su cercanía, mejor conocen las necesidades de las familias y las personas, y ha explicado que se garantiza además que todos los ciudadanos reciban la misma respuesta en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma.

 

El Gobierno ha establecido la cantidad que le corresponde a cada municipio teniendo en cuenta el número total de empadronados, la cifra de desempleados sin prestación y la cifra de personas que reciben la Renta Social Básica, las ayudas a la emergencia social y las pensiones no contributivas por jubilación. La cifra, según ha explicado la consejera, oscila entre los 6.000 euros que recibirán los municipios más pequeños y los 500.000 euros que le corresponde al Ayuntamiento de Santander.